Calle Gran Vía 69, planta 2, 28013 Madrid |  T  +34 91 766 14 28   F  +34 91 767 28 73

Asesoría Madrid Jurídica - Laboral - Fiscal - Contable 

Administración y administrados: nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ley 39/2015

 Lo primero que conviene comentar es que el legislador ha optado por realizar un reforma que separe, las relaciones ad extra y ad intra de las Administraciones públicas, de modo que, como ocurría en el régimen anterior a la Ley 30/1992, conviven por un lado la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas («LPAC») y,  por otro, la  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («LRJSP»). La primera regula la relación de los administrados             ( ciudadanos/Empresas ) y la Administración Pública, la segunda, regula el régimen jurídico de ésta.

La inminente entrada en vigor de dicha Ley – 2 de Octubre de 2016- traerá novedades con respecto al texto anterior con el objetivo, entre otros, de mejorar la eficiencia de la Administración: Administraciones interconectadas, con cero papel - si bien los interesados podrán presentar de forma presencial documentos -y, facilidad en el uso de medios electrónicos.

Como novedades, se establece la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo para:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Se establece la obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.

Se introduce el cómputo de plazos por horas y se declaran los sábados como días inhábiles.

Con la finalidad de aumentar la seguridad jurídica, los procedimientos sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial que la Ley anterior regulaba en títulos separados, ahora se han integrado como especialidades del procedimiento administrativo común

Se prevé un procedimiento administrativo común de tramitación simplificada cuyo plazo máximo de resolución será de treinta ( 30 ) días para supuestos de menor complejidad.

Se incluyen varias novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas ( consulta pública previa ). Se pretende, en definitiva, recabar la opinión de los futuros afectados.

Su entrada en vigor como decíamos se producirá el 2 de Octubre de 2016 y,  el 2 de Octubre de 2017  las previsiones relativas al registros electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico