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LA PREVENCIÓN DEL BLAQUEO DE CAPITALES

En mayo de 2016 cumple seis años desde su entrada en vigor la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y la aplicación de tal norma ha generado un profundo cambio de mentalidad y de prácticas en muchos sectores financieros y profesionales de la sociedad, al que los ciudadanos también nos vemos sometidos en nuestro quehacer diario, razón por la que conviene recordar sus aspectos generales.

Tal Ley promueve la protección de la integridad del sistema financiero, estableciendo obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, considerando por tal las actividades consistentes, básicamente, en convertir o transferir bienes a sabiendas de que proceden de una actividad delictiva con el propósito de ocultar su origen ilícito o en ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como ocultar la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva, así como la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva.

Las medidas de prevención de blanqueo son aplicables a las entidades de crédito, entidades aseguradoras, empresas de servicios de inversión, gestoras de fondos de pensiones, sociedades de garantía recíproca, entidades de pago y de dinero electrónico, personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, promotores y agentes inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en el asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o gestión de fondos, casinos de juego, personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades, etc.

Todos estos profesionales están obligados legalmente a identificar a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera clase de operaciones, debiendo obtener información sobre el propósito de la relación de negocios de sus clientes, con aplicación de diversas medidas de diligencia debida, y con obligación de comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, cuando exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales.

Y además de abstenerse de ejecutar cualquier operación de las señaladas, los profesionales deberán igualmente facilitar la documentación e información que la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias les requieran para el ejercicio de sus competencias, con obligación de conservar durante al menos diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley.

Para cualquier persona es además obligatorio declarar previamente la salida o entrada en territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros y los movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros.

El incumplimiento de los deberes y obligaciones de información, comunicación y colaboración previstos en la Ley, dará lugar a la imposición a los infractores de sanciones, que pueden alcanzar hasta 1.500.000.- euros para los casos más graves, teniendo en cuenta que las infracciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años, y las leves a los dos años, contados desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida.

En definitiva, desde hace ya seis años está consagrada legamente la obligación de muchos profesionales de evitar, controlar y denunciar las prácticas delictivas de blanqueo de capitales, convirtiéndose en colaboradores inmediatos de las autoridades monetarias en la lucha contra el blanqueo.